Un informe de fiscalización sobre las Inversiones Reales del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 ha puesto de manifiesto que 35 proyectos, con un presupuesto acumulado de 162,8 millones de euros, finalizaron el periodo analizado sin ninguna ejecución. La principal causa identificada es la falta de "madurez" de las actuaciones al incorporarse a los presupuestos, lo que impide su contratación o desarrollo.
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, presentó las conclusiones en el Parlamento de Canarias. El análisis se centró en áreas clave como Obras Públicas, Transportes y Vivienda; Educación, Cultura y Deportes; Transición Ecológica; y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Durante los ejercicios fiscalizados, el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 1.225 millones de euros en inversiones reales. Aunque la ejecución mejoró del 36,72% en 2019 al 58,53% en 2023, la Audiencia considera estos porcentajes aún reducidos.
El informe señala que la presupuestación de proyectos sin estudios previos, disponibilidad de suelo, proyectos técnicos o autorizaciones administrativas es un origen del problema. La dependencia de fondos europeos, que representan entre el 60% y el 70% de la inversión, también influye, obligando a incorporar proyectos para cuadrar ingresos.
Se citan ejemplos como el proyecto de escolarización de "0 a 3 años", financiado con fondos Next Generation, que carecía de estudios sobre la demanda territorial. También se mencionan proyectos viarios como la TF-1 (tramo Los Cristianos), la Variante de Vallehermoso, la LZ-1 Órzola-Guatiza y la mejora del Puerto de Agaete con ejecuciones nulas.
Los retrasos son significativos: las infraestructuras viarias pueden tardar hasta 177 meses (casi 15 años) desde la formalización del contrato hasta su ejecución, con una desviación media de 83 meses. Las construcciones escolares promedian 65 meses y las de Justicia, 61 meses.
La Audiencia propone crear unidades administrativas en cada departamento para preparar inversiones maduras, reforzar los servicios de contratación y aumentar recursos para evaluaciones ambientales.
