La institución académica de Tenerife ha detallado que, tras la denuncia inicial por acoso, se activó el protocolo correspondiente. Este proceso incluyó un peritaje externo que llevó a la incoación de expedientes disciplinarios contra las personas señaladas.

Sin embargo, la universidad ha precisado que el proceso concluyó con una propuesta de archivo, ya que "no se encontraron indicios de responsabilidad en los denunciados".

Posteriormente, la ULL inició un expediente disciplinario contra la profesora en cuestión, debido a un conjunto de denuncias por presunto incumplimiento de sus obligaciones docentes. Entre estas denuncias se incluyó un paro académico total del alumnado de la titulación en la que impartía clases.

Actualmente, este segundo expediente se encuentra en suspensión, dado que la docente no está en activo. Estas declaraciones de la ULL surgen después de que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) criticara públicamente la actuación de la institución, argumentando que no se había protegido adecuadamente a la trabajadora.