El plazo para la regularización extraordinaria de migrantes en España concluye este martes, habiendo recibido más de un millón de solicitudes. Esta cifra duplica las previsiones iniciales del Gobierno y convierte el proceso en el más amplio puesto en marcha en el país, superando la anterior cifra récord de 2005.
Esta medida se implementa en un contexto de cambios significativos en la política migratoria europea, con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA). Dicho pacto endurece los requisitos de entrada a la Unión Europea y limita la emisión de permisos de residencia por motivos humanitarios, introduciendo un sistema de 'triaje' para evaluar a los migrantes.
El nuevo marco legislativo comunitario también incluye un Reglamento de Retorno que busca agilizar las expulsiones, contemplando la creación de centros de internamiento en terceros países. España ha manifestado su rechazo a recurrir a estos centros en su política migratoria.
Las expectativas del Gobierno, que cifraba en torno a medio millón las solicitudes, han sido ampliamente superadas. A mediados de junio, el número de solicitantes ya superaba los 900.000, con 360.000 expedientes admitidos a trámite, lo que implicaba la concesión provisional de permisos de trabajo y residencia. El plazo de resolución es de tres meses.
Este proceso supera las seis regularizaciones previas realizadas en España desde 1985. La primera, en 1986, registró 43.815 solicitudes. La de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue hasta ahora la más grande con 691.655 solicitudes.
El alto volumen de solicitudes se atribuye a la ausencia de procesos similares en más de 20 años, al aumento de la movilidad y a unos requisitos mínimos de acceso. A diferencia de procesos anteriores que exigían acreditar actividad laboral, esta regularización abre la puerta a permisos de residencia para personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa, que generó un debate político considerable, fue aprobada en el Congreso con una amplia mayoría tras una campaña de presión de colectivos sociales. Sin embargo, el trámite parlamentario se vio dificultado por desacuerdos sobre las condiciones del proceso y el peso electoral de la inmigración.
El Consejo de Estado solicitó modificaciones al decreto inicial, y posteriormente, varias asociaciones, junto con Vox y las comunidades de Madrid y Murcia, interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo alegando el impacto en los servicios públicos. El Supremo rechazó suspender cautelarmente la medida.
