La Sala de lo Penal del TSJC ha desestimado los recursos presentados por los acusados, validando así la decisión previa de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Esta última ya había dictaminado la culpabilidad de los implicados por un delito de asesinato en grado de tentativa con alevosía.
La resolución judicial detalla una agresión de extrema brutalidad. Los hechos probados indican que los condenados emboscaron a la víctima cuando salía de la vivienda que ocupaba, atacándola por sorpresa. Utilizaron, al menos, una barra de hierro o un objeto contundente similar para golpearle súbitamente en la cabeza. Una vez que el hombre cayó al suelo, indefenso, continuaron la agresión con golpes, patadas e incluso lo estrangularon.
Las consecuencias para la víctima fueron severas, incluyendo traumatismo craneoencefálico, fracturas en la cabeza y cara, neumotórax y fracturas costales, entre otras lesiones graves que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas. El tribunal enfatiza que la vida del agredido estuvo en riesgo y que padece secuelas físicas permanentes. Durante el ataque, su hija también fue golpeada al intentar proteger a su padre.
“"Ustedes otra vez aquí, creí que había quedado todo arreglado."
El origen de la agresión fue una disputa por la vivienda ocupada, donde los condenados ejercían presión sobre la víctima para que abandonara el inmueble. Días antes del incidente, los agresores ya habían visitado la casa con la misma intención. La frase de la víctima, “ustedes otra vez aquí, creí que había quedado todo arreglado”, fue considerada por el tribunal como prueba de un conflicto previo por el control de la propiedad.
El TSJC ha rechazado todos los argumentos de las defensas, que alegaban falta de pruebas, errores en la identificación y vulneración de la presunción de inocencia. La Sala considera que la condena se sustenta en un conjunto probatorio sólido, que incluye las declaraciones de las víctimas, el testimonio de un testigo presencial, reconocimientos fotográficos y judiciales, vigilancias de la Guardia Civil y datos telefónicos y de localización analizados durante la investigación.
Además de la pena de prisión, el alto tribunal ha ratificado la inhabilitación absoluta, la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, y una medida de libertad vigilada de diez años tras cumplir la condena. En concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar al principal perjudicado con 250.000 euros y a su hija con 1.000 euros, además de las cantidades que se determinen por las secuelas psíquicas.
La resolución judicial, que aclara que la agresión ocurrió el 14 de febrero de 2020 (y no en 2023 como se consignó inicialmente), también contempla la apertura de una investigación por posible falso testimonio de un testigo durante el juicio.
