La sociedad privada más antigua de Canarias, el Real Casino de Tenerife, ha decidido desafiar al Ayuntamiento de Santa Cruz al mantener sus actividades en curso. La junta directiva considera "absolutamente desmedida" la resolución de la Gerencia de Urbanismo, fechada el 14 de mayo, que ordenaba la suspensión inmediata de los actos por carecer de licencia, un requisito exigido por la normativa canaria de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
El expediente municipal detalla la prohibición de eventos en diversas áreas del club privado, incluyendo restaurantes, bares, gimnasio, guardería, ludoteca y salas de eventos, fiestas, conciertos y karaoke. A pesar de esto, la entidad asegura que su actividad puede continuar, citando como prueba la celebración exitosa del evento "Tardeo en la Terraza" el pasado viernes 22 de mayo, así como el funcionamiento normal de sus servicios habituales.
La resolución, firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González, califica los actos celebrados en la sede histórica de la plaza de la Candelaria como "clandestinos" al carecer de la cobertura legal necesaria. El Ayuntamiento también ha iniciado un expediente con una propuesta de sanción de más de 25.000 euros por exceso de ruido durante la celebración del 185 aniversario de la fundación del Casino en 2025, ambos procedimientos originados por la denuncia de un vecino.
El Real Casino, fundado en 1840 y con aproximadamente 2.000 socios, defiende que sus actividades no tienen ánimo de lucro y no requieren autorización municipal expresa. La junta directiva, presidida por Beatriz Barrera, se ampara en la solicitud de medidas cautelares ante la justicia contencioso-administrativa, argumentando que esta petición suspende la ejecución de la orden de cierre mientras se resuelve el fondo del asunto.
La entidad, que ostenta la Medalla de Oro de la Ciudad, la Isla y Canarias, recuerda su larga historia de 186 años como "espacio de convivencia, encuentro y cultura" y parte del "patrimonio colectivo" de Santa Cruz. La junta directiva asegura estar defendiendo los intereses del Casino, sus socios y sus trabajadores, quienes dependen de la institución para su estabilidad económica, y subraya que las discrepancias jurídicas deben resolverse en los tribunales.
Por su parte, la Gerencia de Urbanismo sostiene que la naturaleza de las actividades y el acceso de personas no socias a eventos y servicios, incluso mediante invitaciones, requieren autorización administrativa. La entidad argumenta que la forma jurídica de la sociedad no es determinante frente a la realidad de las actividades ofrecidas.
