Universidades canarias y ciudadanía se unen para exigir mayor financiación

Una iniciativa ciudadana busca un pacto social y político que garantice el 1% del PIB regional para la educación superior pública.

Imagen genérica de libros académicos en un escritorio, con un campus universitario de fondo.
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Imagen genérica de libros académicos en un escritorio, con un campus universitario de fondo.

Las universidades canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han recibido el respaldo ciudadano en su demanda de mayor financiación, buscando un pacto que asegure el 1% del PIB regional para la educación superior pública antes de 2030.

La persistente escasez de recursos que afecta a las universidades canarias ha trascendido los ámbitos académicos y políticos, movilizando ahora a la sociedad civil. Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuentan con el apoyo de la ciudadanía en su urgente petición de una mayor asignación presupuestaria por parte del Gobierno regional.
Esta demanda se alinea con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece la necesidad de destinar un mínimo del 1% del PIB regional a la educación universitaria pública antes del año 2030. Actualmente, el presupuesto para las universidades públicas en Canarias asciende a 285 millones de euros, lo que representa apenas el 0,4% del PIB.
La iniciativa ciudadana, presentada en las sedes de la Real Sociedad Económica Amigos del País en Tenerife y Gran Canaria, surge de la convicción de académicos sobre el papel crucial de las universidades como motor de progreso, cohesión social y desarrollo del Archipiélago. Esta propuesta se materializa en un manifiesto que invita a toda la sociedad a sumarse en defensa de las instituciones universitarias.

"Necesitamos fondos suficientes para que las universidades públicas canarias sigan cumpliendo su misión al servicio de toda la sociedad y sigan siendo fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de oportunidades, de inclusión y de libertad cultural a todas las edades."

un portavoz de la iniciativa
El objetivo principal es impulsar un “pacto social y político” que proteja a las instituciones universitarias de las fluctuaciones políticas. Los promotores de la iniciativa enfatizan que la exigencia no solo se debe a la infrafinanciación de la última década, sino también a la “inercia de desinterés de los poderes públicos”.

"Es el momento de romper el silencio. La educación debería hacernos seres libres capaces de convivir, y eso es especialmente importante en estos tiempos donde se confunde la libertad con la ley."

un promotor de la iniciativa
Durante el acto, se escucharon testimonios de antiguos alumnos que destacaron la importancia del sistema público de educación superior. Una catedrática de Lengua Española de la ULL y miembro de la Real Academia Española (RAE), manifestó su apoyo, recordando que la universidad pública le brindó las oportunidades para alcanzar la excelencia.
Otros participantes, como el director del Instituto Cervantes, subrayaron la importancia de defender la educación pública frente al avance del “pensamiento reaccionario” que, a su juicio, busca desmantelar el contrato social. El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y profesor de la ULL, también resaltó la colaboración entre ambas instituciones para la investigación científica.
Para concluir, la presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, intervino desde Madrid para afirmar que las universidades públicas son “el motor social más importante que tenemos, un tesoro que hay que cuidar y una herramienta insustituible para tener ambiciones”. El documento está disponible en la web https://adhesiones.uuppcc.es/ y busca alcanzar las 5.000 firmas.