A tan solo once días de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno de Canarias ha manifestado su demanda de participar activamente en su seguimiento. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anunció tras el Consejo de Gobierno la aprobación de un informe de posicionamiento dirigido a la Administración General del Estado. En dicho documento, el Ejecutivo autonómico reclama información detallada sobre los recursos disponibles, los plazos de implementación y la aplicación territorial específica del nuevo marco europeo en el archipiélago.
Delgado advirtió que, a día de hoy, Canarias desconoce las condiciones concretas del despliegue del pacto. "Todavía no ha sido convocada su conferencia sectorial y no sabemos cómo se va a implantar en Canarias ni en España este pacto migratorio", señaló la consejera, quien explicó que el informe aprobado incorpora las aportaciones del Foro Canario de la Migración. Según sus declaraciones, Canarias "no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas ese pacto" y aún desconoce "las condiciones específicas de su despliegue en el territorio nacional y su proyección en las distintas comunidades autónomas", especialmente en aquellas con mayor presión migratoria.
El Ejecutivo autonómico reclama su incorporación inmediata a los mecanismos de seguimiento y control de las condiciones de acogida, así como a los planes de contingencia. Delgado defendió que la participación de Canarias "no debe entenderse como una cuestión meramente consultiva, sino como una condición necesaria para anticipar el impacto, coordinar respuestas y preservar la cohesión social en los territorios afectados". Recordó que Canarias, como región ultraperiférica y frontera sur de la UE, ha soportado una elevada presión migratoria, con más de 165.000 llegadas entre 2020 y 2025, además de 2.989 menores migrantes no acompañados bajo su tutela.
La consejera subrayó la presión "muy elevada" sobre el sistema autonómico de protección y la insuficiencia de los mecanismos de distribución hacia otras comunidades y Estados miembros. Por ello, el Gobierno canario exige participar en la toma de decisiones sobre los aspectos que se desarrollen en el marco del pacto europeo y en los planes de contingencia. El objetivo es "conocer de forma directa su desarrollo, anticipar las necesidades, trasladar incidencias y contribuir a que su aplicación se ajuste adecuadamente a las singularidades territoriales, económicas, sociales e institucionales del archipiélago".
Delgado concretó algunas de las cuestiones sobre las que se reclama información: asistencia letrada, servicios de traducción e interpretación, mediación cultural, capacitación transcultural de recursos humanos, pruebas de determinación de la edad y atención a menores migrantes. "Hay muchas cuestiones que cambian con el Pacto Europeo y las comunidades autónomas no hemos sido informadas", lamentó, recordando la posibilidad de que Canarias se convierta en un espacio de retención de personas migrantes y la incertidumbre sobre la duración de dicha retención y el traslado a centros peninsulares.
Aunque reconoció la inviabilidad de una Conferencia Sectorial antes de la entrada en vigor del pacto, Delgado insistió en la necesidad de participación en los mecanismos de seguimiento. "Como hemos sido excluidos del diseño y elaboración del plan nacional de respuesta a ese pacto europeo, lo que sí estamos exigiendo es la participación de Canarias en los mecanismos de seguimiento de los procedimientos", afirmó. Recordó además que remitió una carta a la ministra de Migraciones solicitando la convocatoria urgente de la Conferencia tras el "fracaso rotundo" de la comisión sectorial del pasado 18 de mayo.
