El Gobierno de Canarias ha expresado su profunda perplejidad ante el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias, solicitando que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en un plazo de quince días, representantes temporales para menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje. El requerimiento advierte de posibles actuaciones en caso de incumplimiento.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien se encontraba en Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración (suspendida por falta de cuórum), trasladó a la ministra Elma Sainz que resulta especialmente llamativo que esta exigencia se formule sin haber explicado previamente a las comunidades autónomas el alcance de las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2024/1356 ni haberse establecido criterios comunes para su aplicación en todo el territorio nacional.
En una reunión posterior, ambas administraciones acordaron celebrar un encuentro bilateral el próximo 26 de agosto para abordar los puntos del orden del día y otros de interés para Canarias, buscando avanzar en la coordinación institucional y responder a las necesidades del archipiélago como territorio frontera.
Candelaria Delgado afirmó que Canarias responderá al requerimiento negativamente, argumentando que "no se ha establecido todavía por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje". Explicó que la ministra y su equipo desconocían este requerimiento específico de la Delegación del Gobierno en Canarias, y que se comprometió a hablar con el ministro de Interior y la ministra de Infancia para definir el protocolo de actuación en los triajes.
El Gobierno de Canarias tenía previsto preguntar en la Conferencia Sectorial de Inmigración, la primera en aproximadamente dieciséis meses, sobre el alcance de las nuevas obligaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el establecimiento de un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas, una reclamación que ya había expresado previamente.
Esta situación se agrava al considerar que la propia Administración General del Estado había comunicado que el principal impacto del Pacto se detectaba en su ámbito y que, una vez concretadas las implicaciones para las comunidades autónomas, se les informaría y se tomarían medidas de cooperación.
El Gobierno de Canarias plantea importantes interrogantes jurídicos y competenciales. Considera necesario determinar qué administración es competente para designar al representante temporal del menor durante el triaje, un procedimiento que corresponde al Estado, mientras que las competencias autonómicas en protección de menores se activan tras finalizar dicho proceso y determinar la minoría de edad.
Asimismo, se cuestiona por qué se dirige el requerimiento a la comunidad autónoma cuando el Estado había comunicado que las implicaciones del Reglamento para las comunidades aún estaban pendientes de concretarse. El Ejecutivo autonómico entiende que, si existen grupos de trabajo para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, es imprescindible conocer si ya existe un protocolo de actuación común o si se exigen actuaciones antes de que dicho marco esté definido.
La consejera Candelaria Delgado reiteró la disposición de Canarias a colaborar en la protección de menores migrantes y la aplicación de la normativa europea, pero enfatizó la necesidad de abordar esta materia desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, en lugar de requerimientos unilaterales con advertencias.
