La situación entre el Gobierno de Canarias y el Estado se describe como «completamente rota», según fuentes del ejecutivo regional. Esta tensión se hizo patente tras la amenaza del presidente canario de impedir el fondeo del Hondius en Granadilla si no partía hacia Holanda, una postura que fue desautorizada por una resolución de la Dirección de Marina Mercante que impuso la entrada del buque.
En el dispositivo de desembarco, que se inició en la mañana del 10 de mayo de 2026 en el puerto de Granadilla, la ausencia de medios y presencia institucional del Gobierno de Canarias fue notoria. El operativo fue gestionado íntegramente por el Gobierno de España, con la participación exclusiva de sus propios recursos.
A pesar de que el Servicio Canario de Salud (SCS) había instalado ambulancias y un hospital de campaña, fuentes cercanas al operativo indicaron que el Gobierno de España ordenó la retirada de las ambulancias del SCS que se encontraban cerca del puesto de mando. En esta zona, donde estaban presentes la ministra de Sanidad y el ministro de Interior, solo se observaban autobuses de la UME y vehículos de la Guardia Civil, sin rastro de los medios regionales.
“"El presidente canario quiere ser el redentor de Canarias ante un posible contagio que sería culpa del Gobierno de España."
La falta de representantes del ejecutivo canario contrastó con la amplia presencia de miembros del cuerpo diplomático de países como Países Bajos, Argentina, Bélgica, Francia y el Reino Unido, quienes seguían de cerca el desarrollo del operativo. La información sobre el desembarco fue proporcionada por el Estado a través de ruedas de prensa, en un ambiente de estricto control.
