Un total de trece acusados de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico entre Países Bajos y Canarias han aceptado penas de entre dos y cuatro años de prisión, además de multas que oscilan entre los 5.000 y los 60.000 euros. El acuerdo de conformidad se alcanzó antes de la vista oral en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, evitando así un juicio que estaba previsto que durase siete jornadas.

La vista estaba inicialmente señalada contra quince personas, pero dos de los encausados se encuentran en situación de rebeldía y búsqueda y captura, por lo que el procedimiento continuó solo para el resto. La sentencia, dictada 'in voce' conforme a lo pactado entre las defensas y la Fiscalía, representada por el fiscal Antidroga Miguel Portell, fue declarada firme al no anunciar ninguna de las partes su intención de recurrir.

Según el escrito de acusación, la organización operó entre 2018 y 2020, introduciendo importantes cantidades de cocaína, heroína, MDMA y cannabis en Gran Canaria y Fuerteventura, principalmente desde Países Bajos. Se sostiene que uno de los principales investigados coordinaba la llegada de la droga desde Ámsterdam, mientras que la distribución se realizaba a través de colaboradores en ambas islas.

La red utilizaba 'mulas' o correos humanos para transportar la droga en vuelos comerciales. En una de las operaciones, se interceptaron varias personas que ocultaban en su interior cápsulas de cocaína y heroína con un valor ilícito superior a los 148.000 euros. La investigación también reveló el uso de inmuebles para almacenar, adulterar y preparar la sustancia antes de su comercialización.

Uno de los aspectos destacados fue la existencia de un servicio de venta a domicilio que operaba casi las 24 horas del día. A través de una línea telefónica específica, se recibían pedidos y repartidores realizaban las entregas. Según la Fiscalía, este teléfono llegó a registrar cerca de un centenar de llamadas diarias.

El acuerdo incluyó la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados y, en algunos casos, la de confesión, lo que redujo las penas inicialmente solicitadas por el Ministerio Público. Las condenas más elevadas fueron para Miguel Y. y Ramón G.A., con cuatro años de prisión y multas de 10.000 y 40.000 euros respectivamente, por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, concurriendo reincidencia en su caso.

Otros acusados, como Juan Antonio C.N., Yousi R.G., Jonay G.O., Miguel Esteban S. y Gilberto S.S., aceptaron tres años de prisión y multas de 10.000 euros. Jordan David G.M. fue condenado a dos años de prisión y 5.000 euros de multa, beneficiándose de las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

Celestina H. aceptó tres años de prisión y una multa de 60.000 euros; Emmanuel E., tres años y 18.000 euros; Rita del Carmen R.N., tres años y 7.000 euros; y Francisco Javier S.P., dos años y 6.000 euros, también con la atenuante de confesión. Finalmente, José Francisco M.A. aceptó dos años de prisión y 10.000 euros como cómplice.