Más de medio centenar de trabajadores del transporte sanitario urgente se congregaron este jueves frente a la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Denuncian el bloqueo en la negociación de su convenio colectivo y solicitan la mediación del Ejecutivo autonómico. Los manifestantes, equipados con tambores y silbatos, responsabilizan tanto a la patronal como al Gobierno regional de una situación laboral que califican de «insostenible», con salarios congelados desde hace siete años y, según sus afirmaciones, inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).
Los técnicos de emergencias sanitarias (TES) exigen una subida salarial del 25% para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2019. Además, reclaman el reconocimiento efectivo de su categoría profesional y mejoras en sus derechos laborales, incluyendo aspectos como la jornada y los permisos.
“"Las patronales tienen secuestrado el convenio colectivo"
José Miguel Perdomo, representante de la Unión Sindical Obrera (USO) en Canarias, afirmó que el convenio expiró el 31 de diciembre de 2024 y las negociaciones permanecen bloqueadas. Denunció que mientras las patronales han recibido actualizaciones del IPC y prórrogas del concurso, los salarios de los trabajadores siguen congelados.
Perdomo recordó que en Canarias trabajan alrededor de 2.500 técnicos de emergencias sanitarias. Solicitó que la Administración asuma directamente la gestión del transporte sanitario ante los supuestos incumplimientos de las empresas concesionarias, argumentando que las patronales firman convenios que luego no respetan.
El malestar también se dirige hacia la Consejería de Sanidad. Francisco Carnicer, delegado del comité de huelga de Comisiones Obreras, criticó declaraciones de la consejera Esther Monzón, quien había instado al entendimiento entre sindicatos y empresas. Según Carnicer, durante un acto de conciliación el pasado 5 de junio, las empresas indicaron que no asumirían mejoras salariales sin un incremento de la financiación del servicio por parte del Gobierno autonómico.
“"Se están pasando la pelota unos a otros. Las patronales dicen que no pondrán un euro si el Gobierno no aporta más dinero, mientras la Administración nos pide que lleguemos a un acuerdo con ellas"
Los representantes sindicales aseguran que llevan un año negociando sin avances y denuncian que muchos trabajadores necesitan un complemento salarial de cien euros para alcanzar el salario mínimo. Carnicer lamentó que la titulación específica exigida para el puesto no se refleje en su clasificación profesional, sintiéndose considerados como «simples camilleros y conductores» en lugar de «técnicos de emergencias sanitarias, personal titulado».
Los trabajadores recuerdan su rol como primer recurso asistencial en emergencias activadas a través del 112. Consideran que la falta de reconocimiento profesional contrasta con la responsabilidad que asumen diariamente, estando «las 24 horas velando por la ciudadanía» sin ser considerados personal sanitario.
Las movilizaciones continuarán. Tras el paro parcial de este jueves, se han convocado nuevas concentraciones el 30 de junio frente al Parlamento de Canarias en Tenerife y el 3 de julio, coincidiendo con la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad.
El transporte sanitario urgente en Canarias es gestionado por empresas privadas adjudicatarias, como la UTE formada por Acciona e Icot Servicios, Iscan Servicios Integrales y Tasisa. Los sindicatos insisten en que el bloqueo solo se resolverá con la implicación directa del Gobierno autonómico, mientras las empresas vinculan las mejoras económicas a una mayor financiación pública.
