Al cierre de 2025, el archipiélago registró una tasa de absentismo del 9,1%, significativamente superior al 7% de la media nacional. En el caso específico de las incapacidades temporales, la diferencia es aún más pronunciada, con un 7,9% en Canarias frente al 5,5% en el resto del territorio, según datos de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) presentados en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).
Estas elevadas cifras tienen un impacto negativo considerable en el tejido empresarial, con pérdidas estimadas en 3.000 millones de euros, incluyendo costes directos e indirectos, según la Fundación Adecco. Esta cantidad representa entre el 2,8% y el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Las contingencias comunes son el principal factor detrás de las incapacidades temporales, con un aumento del 16% en 2025, alcanzando 41,95 procesos por cada 1.000 trabajadores. En contraste, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales muestran una tendencia a la baja, con una incidencia de 2,49 procesos por 1.000 trabajadores y una duración media de 46,7 días, lo que la MAC atribuye a la eficacia de los programas de prevención de riesgos laborales.
“"Se propone un enfoque integral que combina gestión, coordinación institucional y prevención."
Las patologías psicosociales se mantienen como el motor principal del absentismo, con una duración media de los procesos de salud mental de 98,5 días, un incremento del 47% respecto a 2017. En 2025, se iniciaron 473.359 procedimientos por contingencias comunes, frente a 28.042 bajas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Esto se tradujo en una media diaria de 62.500 trabajadores en situación de incapacidad temporal, sumando un total de 22,8 millones de jornadas laborales perdidas.
Ante esta situación, la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) sugiere medidas centradas en las incapacidades temporales por contingencias comunes, que representan el 92% de las bajas. Entre las propuestas se incluyen la mejora en la gestión de las altas médicas, una mayor coordinación entre el Servicio Canario de Salud, la Seguridad Social y las mutuas, y un refuerzo del sistema sanitario público y la inspección médica. También se destaca la necesidad de invertir en salud mental y sensibilización, y de mantener los programas de prevención de riesgos laborales.




