La información fue proporcionada por una consejera durante una comisión parlamentaria, donde detalló que, a pesar de la normativa con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, se han detectado 29 establecimientos que no cumplen con la distancia exigida. De estos, 26 se encuentran en Gran Canaria y uno en Tenerife, La Palma y Fuerteventura, respectivamente.

Ante esta situación, el ejecutivo autonómico ha iniciado expedientes de cierre. Aunque las empresas afectadas han recurrido a los tribunales, las primeras resoluciones judiciales han favorecido a la Administración, rechazando las medidas cautelares solicitadas por los operadores. Se aclaró también el caso de un local en el barrio Atlántico de Las Palmas de Gran Canaria, que no era una nueva apertura sino un traslado a una ubicación más cercana a un centro educativo.

El Gobierno de Canarias está ultimando un nuevo decreto regulador que introducirá cambios significativos en el sector. Entre las novedades, se implementarán controles de acceso obligatorios para verificar la edad de los clientes y evitar la entrada de menores. La norma también exigirá la separación física de las zonas de restauración y juego en locales con cafetería, otorgando un plazo de 12 meses para las adaptaciones.

La nueva regulación tendrá una vigencia inicial de cinco años, prorrogable, y ampliará la distancia mínima de 300 metros a todas las etapas educativas, incluyendo centros de menores y colectivos vulnerables. Además, las salas de juego y bingo no podrán ubicarse a menos de 200 metros entre sí. Otra medida importante es que las personas con ludopatía deberán permanecer al menos seis meses en el registro de autoexclusión antes de poder acceder nuevamente a estos establecimientos.

El decreto también contempla la introducción de medios de pago electrónicos para reducir robos y atracos. En cuanto a la planificación del sector, se mantendrá el número de casinos en doce, las salas de bingo aumentarán de 42 a 45, mientras que el número de máquinas recreativas se reducirá de 14.812 a 7.200, y las autorizaciones de locales de apuestas bajarán de 95 a 35. Los salones de juego tendrán límites por islas, con un máximo inicial de 26 establecimientos, ampliables en cuatro por año.

Todos los grupos parlamentarios, excepto uno, respaldaron la nueva regulación. Algunos advirtieron que el principal riesgo ya no reside en los establecimientos físicos, sino en el juego en línea, calificando el decreto como una regulación orientada a un modelo tradicional. Una diputada alertó sobre la magnitud del problema en el archipiélago, señalando que un 12% de los adolescentes reconoce tener problemas relacionados con el juego. La consejera admitió que la mayor amenaza es el juego en línea, competencia estatal, pero destacó las acciones coordinadas con la Consejería de Educación para impartir charlas sobre el uso responsable de pantallas en los centros escolares. El ejecutivo también ha solicitado la colaboración de la Federación Canaria de Municipios para regular la publicidad exterior de estos locales.