La representación sindical del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria ha manifestado su profunda desconfianza hacia el grupo de gobierno municipal. El temor principal reside en el cambio de modelo jurídico del servicio, que pasará a ser una empresa pública, similar a otras entidades bajo escrutinio judicial. Los empleados, más de 400, alertan de un posible "uso sin control del dinero público" y la deconstrucción de su realidad laboral.

Tras una reunión sin sintonía entre responsables municipales y comités de empresa, la parte laboral siente que cometió un error al desconvocar una huelga prevista para noviembre. Los trabajadores se enteraron del proyecto, que se llevó a pleno en mayo del año pasado, a través de los medios de comunicación y critican la falta de información y las formas del proceso por parte del concejal del área, Héctor Alemán.

Aseguran que, a pesar de ofrecerse al diálogo para reformular un modelo de gestión que consideran obsoleto, no han recibido una guía escrita, la exposición de motivos ni el informe de intervención financiera, elementos obligatorios según estudios externos. El Ayuntamiento, por su parte, afirma haber expuesto los aspectos del modelo y los resultados de informes técnicos que concluyen que la sociedad mercantil local es la fórmula más eficiente y sostenible, que se denominará Sociedad Municipal de Higiene Urbana.

La principal preocupación de los 417 trabajadores actuales es la defensa de sus puestos de trabajo y condiciones laborales. Aunque el Ayuntamiento asegura que no se verán afectados durante el periodo transitorio, no hay garantías para cuando la nueva empresa esté plenamente operativa. La urgencia del grupo de gobierno, encabezado por Carolina Darias, por resolver la conversión en el pleno de junio, genera inquietud y avisa de movilizaciones judiciales y sociales. Además, denuncian que se les ha negado un espacio para realizar una asamblea y que han recibido "amenazas".

Los profesionales desconfían de la creación de una nueva sociedad, temiendo una privatización encubierta, una reducción de controles y contrataciones "a dedo". Señalan que se les ha indicado que el Ayuntamiento inyectaría dinero ante cualquier "agujero económico", similar a lo ocurrido recientemente en la Sociedad de Promoción. Lamentan no ser partícipes en el proceso de creación de la nueva sociedad, a pesar de ser parte implicada, y critican que las contrataciones de emergencia no han beneficiado a la parte pública.

Los comités de empresa planean presionar reuniéndose con otros partidos del grupo de gobierno (Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos y José Eduardo Ramírez), acusando al PSOE de "mentirles" durante tres años y buscando conocer su posición ante la votación en el pleno.

La versión oficial del Ayuntamiento, comunicada en una nota de prensa, sostiene que la propuesta contempla el mantenimiento del empleo público, la subrogación de derechos y obligaciones, y la continuidad de la plantilla. Aseguran haber ofrecido un espacio para asambleas. Según informes técnicos, la sociedad mercantil pública mejorará la planificación, agilizará procedimientos y reforzará la capacidad de respuesta del servicio.