La Sala de Gobierno del TSJC fundamenta esta petición en la necesidad de abordar la considerable carga de trabajo que soportan numerosos órganos judiciales en las Islas Canarias. El aumento de la litigiosidad, la acumulación de asuntos pendientes y el impacto de las reformas legislativas recientes hacen imprescindible una ampliación estructural de la planta judicial para asegurar una respuesta eficaz del servicio público de Justicia.
De las 53 plazas solicitadas, 30 se destinarían a la provincia de Las Palmas. Estas incluyen tres para las secciones civiles de la Audiencia Provincial, tres para las secciones penales, una para la Sala de lo Social del TSJC en Las Palmas, y varias para los tribunales de instancia de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Específicamente, se proponen nueve plazas para Las Palmas de Gran Canaria, cuatro para Telde, tres para San Bartolomé de Tirajana, una para Arucas, una para Santa María de Guía, tres para Arrecife y dos para Puerto del Rosario.
Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibiría 23 nuevas plazas. La Audiencia Provincial incorporaría cuatro plazas en sus secciones civiles y una en la Plaza número 5 de la Sección Penal. La Sala de lo Social del TSJC en Santa Cruz de Tenerife obtendría dos plazas adicionales. Además, se solicitan seis plazas para Santa Cruz de Tenerife, dos para San Cristóbal de La Laguna, tres para Arona, una para Güímar, una para Icod de los Vinos, una para Granadilla de Abona, una para Santa Cruz de La Palma y una para Los Llanos de Aridane.
El comunicado del TSJC señala que varias de estas plazas responden a "situaciones de sobrecarga estructural" y al incremento constante de asuntos pendientes. Otras se justifican por cambios normativos recientes y la necesidad de reforzar la especialización en áreas como la violencia sobre la mujer o la infancia y adolescencia.
La Sala de Gobierno concluye que esta ampliación representa el mínimo refuerzo estructural necesario para afrontar la carga de trabajo actual y la que previsiblemente generarán las reformas legislativas en vigor.
