Este monumento, lejos de ser un simple vestigio del pasado, es percibido como una glorificación de quien lideró un golpe de Estado en julio de 1936, desencadenando una guerra civil y una dictadura de casi cuarenta años. La ciudad, que se precia de ser democrática y plural, mantiene una efigie que honra a un régimen responsable de ejecuciones, torturas y exilios.
La argumentación de que se trata de «patrimonio histórico» es cuestionada, ya que otras ciudades europeas han retirado símbolos similares de sus espacios públicos. Se subraya que recordar la historia no implica glorificar a los verdugos, sino situar el horror en el lugar adecuado, como se hace en Alemania con los símbolos nazis, que se exhiben en museos y memoriales, no en plazas públicas.
Mantener su estatua en pie, en el espacio público de una ciudad democrática, equivale a decirles a las víctimas y a sus familias que su sufrimiento no importa lo suficiente. Que la convivencia con el símbolo de su verdugo es un precio razonable. No lo es.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, establece la obligación de retirar los símbolos de exaltación del franquismo de los espacios públicos. A pesar de esta normativa, la estatua de Franco persiste en Santa Cruz de Tenerife, debido a la desidia institucional, recursos judiciales y la resistencia de ciertos sectores políticos.
La sociedad de Santa Cruz, incluyendo el Círculo de Bellas Artes y miembros de la Real Academia de las Artes de San Miguel Arcángel, así como las principales fuerzas políticas municipales, PSOE y CC, han expresado su deseo de que la ciudad avance hacia el futuro sin este tipo de monumentos. Retirar la estatua se considera un acto de justicia para las víctimas del régimen.
