Las iniciativas se centran en tres aspectos clave: la actualización de las condiciones salariales, la clarificación del marco legal y operativo de la Policía Portuaria, y el refuerzo de sus condiciones laborales, de seguridad y de desarrollo profesional. Estas demandas surgen tras una reunión con el secretario nacional del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de la Policía Portuaria.
En el ámbito retributivo, la parlamentaria ha denunciado que el complemento de residencia para los trabajadores de las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife lleva más de dos décadas congelado. Esta situación persiste a pesar del incremento del coste de vida y la condición de Canarias como Región Ultraperiférica, con una dependencia estructural del transporte marítimo y aéreo.
“"El Gobierno debe considerar si es razonable mantener esta situación y la posible inseguridad jurídica en el ejercicio de funciones de autoridad."
Asimismo, se ha puesto el foco en la situación de la Policía Portuaria, que, a pesar de realizar funciones de vigilancia, inspección y protección en los recintos portuarios, sigue bajo un régimen laboral con una excepción al Estatuto Básico del Empleado Público. Esto implica que ejercen tareas de seguridad pública sin estar plenamente integrados en el régimen funcionarial habitual.
La iniciativa también aborda la falta de actualización de los medios de trabajo y autoprotección, así como la ausencia de reconocimiento de la Policía Portuaria como colectivo de riesgo. Se ha solicitado al Ministerio del Interior que estudie su inclusión en sistemas de jubilación anticipada para evitar el envejecimiento de las plantillas en infraestructuras críticas.
Finalmente, se ha señalado la inseguridad jurídica derivada de la falta de definición del concepto de “funcionarios especialmente habilitados” en el Reglamento de Armas, lo que ha generado interpretaciones diversas entre las Autoridades Portuarias y, en algunos casos, la retirada de medios de autoprotección. Coalición Canaria busca garantizar mejoras en las condiciones laborales, seguridad jurídica y adaptación normativa para este colectivo estratégico en el archipiélago.
