La formación política ha expresado su preocupación por el riesgo de inseguridad jurídica que podría afectar a miles de personas tras el cese de las concesiones de residencias temporales por razones humanitarias a quienes provengan de Venezuela.
Este mecanismo, en vigor desde 2018, ha permitido regularizar la situación de más de 200.000 personas en España. Su eliminación representa un cambio significativo en la política migratoria, con consecuencias potencialmente graves, especialmente en territorios como Canarias.
“"Diversas asociaciones y colectivos han alertado de que miles de ciudadanos venezolanos podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica o desprotección administrativa."
Además, se subraya que esta medida coincide con el proceso de regularización extraordinaria actualmente en marcha, cuyo plazo también finaliza el 30 de junio de 2026. Esta coincidencia podría generar un solapamiento que obligue a muchas personas a reiniciar sus trámites por vías más restrictivas.
También se advierte sobre el impacto que este cambio podría tener en las oficinas de extranjería, que ya manejan un elevado volumen de expedientes, con riesgo de colapso administrativo. Las entidades sociales también señalan un aumento en la demanda de atención a personas en situación de vulnerabilidad, sin que existan recursos suficientes para afrontarlo.
Por ello, la pregunta parlamentaria busca saber si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas transitorias o específicas que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos venezolanos afectados y eviten que quienes ya tienen procedimientos iniciados queden en un "limbo" jurídico y administrativo, prestando especial atención a territorios con mayor presión migratoria como Canarias.
