El Parlamento de Canarias aprueba la reforma de la Ley de Cabildos Insulares

La nueva normativa busca modernizar las instituciones insulares y clarificar sus competencias para mejorar los servicios públicos.

Imagen genérica de la fachada de un ayuntamiento canario con balcón de hierro, bajo la luz del sol de la tarde.
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Imagen genérica de la fachada de un ayuntamiento canario con balcón de hierro, bajo la luz del sol de la tarde.

El Parlamento de Canarias aprobó el 10 de junio la reforma de la Ley de Cabildos Insulares, con el objetivo de modernizar estas instituciones y fortalecer su organización.

El Pleno del Parlamento de Canarias dio luz verde este miércoles, 10 de junio, a la reforma de la Ley de Cabildos Insulares por mayoría absoluta, contando con el respaldo de la Federación Canaria de Islas (Fecai). Esta modificación legislativa pretende adaptar el marco jurídico de los cabildos a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.
La nueva norma busca avanzar en la modernización de estas instituciones, clarificar sus competencias y reforzar su organización política y administrativa. Con ello, se permitirá a los cabildos desarrollar de manera más eficaz las competencias transferidas o delegadas, potenciando la capacidad de decisión de cada isla y consolidando su papel en la vertebración territorial y la prestación de servicios públicos.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, calificó la aprobación de esta reforma como “un paso decisivo para dotar a los cabildos de herramientas más eficaces para responder a las necesidades de la ciudadanía”. Subrayó el amplio consenso alcanzado durante la tramitación parlamentaria, señalando que “el respaldo mayoritario a esta ley demuestra la capacidad de las instituciones canarias para alcanzar acuerdos en asuntos estratégicos para el presente y el futuro del Archipiélago”.
Durante el debate, los grupos parlamentarios que apoyaron el texto coincidieron en destacar la relevancia de esta reforma legislativa, considerándola una de las más importantes de la presente legislatura por su impacto directo en el modelo de gobernanza territorial de Canarias y el fortalecimiento de las capacidades de los cabildos insulares.