La corporación local ha justificado esta petición, realizada mediante un comunicado, debido a la magnitud de la situación y al inminente lanzamiento judicial previsto. Este desalojo, instado por la empresa propietaria del inmueble conocido como la Casa de Mr. Leacock, excede las capacidades del ámbito exclusivamente municipal.
El consistorio considera esencial una intervención coordinada de las distintas administraciones públicas. Se busca garantizar la seguridad de los afectados, responsabilidad que recaería en la Delegación del Gobierno, así como una adecuada atención sociosanitaria por parte del Servicio Canario de la Salud y el Gobierno de Canarias.
Además, se requieren recursos de acogida temporal y otras medidas necesarias, cuya gestión correspondería al Cabildo insular. Actualmente, el edificio alberga a aproximadamente 200 personas, incluyendo menores de edad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, lo que ha motivado la solicitud urgente de actuación por parte de la Junta de Gobierno local.
La adopción del presente acuerdo responde a criterios de prevención, protección social, salud pública y seguridad así como a la necesidad de anticipar las consecuencias del inminente lanzamiento judicial previsto.




