La segunda tentativa de la Dirección General de Costas para intervenir en la propiedad de Cueva de la Negra no pudo llevarse a cabo este lunes. Agentes de la Guardia Civil y personal del Ministerio para la Transición Ecológica se retiraron del enclave tras la alegación de los hijos de Pascuala Roger sobre el incumplimiento del plazo mínimo de cinco días hábiles de preaviso estipulado en el auto judicial.
La festividad insular de Fuerteventura, que incluye el viernes como día inhábil, no fue tenida en cuenta por la administración central en el cómputo del plazo desde la notificación. Este aplazamiento supone un respiro para los afectados, quienes, junto a decenas de vecinos y familiares, celebraron la retirada de los funcionarios tras dos horas en la zona sin que se procediera al desalojo, precinto o tapiado de la construcción.
La familia mantiene abiertos varios frentes jurídicos. Un recurso de apelación contra el auto judicial ha sido admitido a trámite, y las partes disponen de quince días para presentar alegaciones. Adicionalmente, la defensa solicitó una medida cautelarísima para detener la actuación. Una notaria acudió a la propiedad para levantar acta del estado de la vivienda y su entorno, incluyendo la proximidad del yacimiento arqueológico.
Informaciones de medios como Diario de Fuerteventura señalan que la finca registral número 1.107, donde se ubica Cueva de la Negra, está inscrita a nombre de Punta Sol S.A. Existe una sentencia de 1980 que reconoció a la familia la propiedad de la edificación primitiva por prescripción.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, ha solicitado a la administración estatal una aclaración sobre los derechos preexistentes a la incorporación de los terrenos al dominio público marítimo-terrestre y la posible aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas.
Este incidente marca el segundo intento fallido de intervención. El anterior, previsto para el 26 de agosto, fue suspendido cautelarmente por el Cabildo de Fuerteventura para evaluar los valores históricos, etnográficos y arqueológicos del inmueble y su entorno. La comunicación de Costas, titulada "Notificación de demolición", anunciaba la "inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas", apuntando a un desalojo y precinto.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias había previamente advertido que las medidas cautelares siguen vigentes y que cualquier actuación como demolición o movimiento de maquinaria podría afectar al yacimiento arqueológico adyacente.
Como ha documentado Fuerteventura Digital, en actuaciones previas en 2009 desaparecieron construcciones en Cueva de la Negra que ya figuraban en la ortofoto de 1987. La historia de este antiguo asentamiento y las familias afectadas se detalla en reportajes como "La memoria costera frente a la piqueta" y "La mayoría tiramos la casa para no pagar la multa de Costas".
