La institución insular ha expresado su desacuerdo con el fallo judicial, que considera un ataque al desarrollo social y económico de Gran Canaria, así como a la capacidad de planificación de los cabildos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC fundamentó la nulidad del PIO en que el documento se elaboró para adaptarse a una normativa que ya había sido derogada en el momento de su aprobación definitiva, refiriéndose a la Ley 4/2017 de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Desde el Cabildo se ha rechazado categóricamente esta premisa, argumentando que la Ley de Directrices a la que hace referencia el tribunal no está derogada. Se ha defendido que el PIO mantiene su validez, ya que las treinta directrices turísticas y dos directrices en suelo rústico, junto con otras normas ambientales, urbanísticas y sectoriales, siguen plenamente vigentes.

Además, se ha señalado que la propia Administración autonómica contempla un "derecho de opción" para continuar con la legislación anterior, y que solo se suprimiría aquello que contradijera la Ley 4/2017, algo que, según la institución, no ocurre en el PIO.

Ante esta situación, el Cabildo ha anunciado que defenderá el Plan Insular en todas las instancias legales disponibles. Se presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y se planteará la casación ante el propio TSJC. Asimismo, se acudirá al Tribunal Constitucional y se estudiará la viabilidad de llevar el caso a la Justicia europea. Esta decisión abre un nuevo escenario para la planificación territorial en la isla, con la corporación insular firme en su postura de mantener la validez del PIO.