Las resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) autorizan la firma de convenios de cooperación entre el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Estos acuerdos encomiendan al Cabildo la tarea de formular ambos instrumentos de ordenación urbanística.
Los procedimientos, aunque distintos en su ubicación, siguen un recorrido administrativo similar. La publicación de las resoluciones abre un periodo de 30 días durante el cual tanto agentes públicos como privados podrán examinar el alcance y los objetivos de los planes e introducir sus propias iniciativas. La formulación de estos documentos recaerá en los servicios técnicos del Cabildo o podrá ser adjudicada externamente, respetando la normativa de contratación pública.
Los PMMI son herramientas de ordenación urbanística contempladas en la legislación turística canaria. Su finalidad es complementar o, en su caso, reemplazar las determinaciones urbanísticas existentes en su ámbito de aplicación, con el objetivo de facilitar la renovación urbana y edificatoria. La normativa exige un acuerdo municipal previo para cualquier clasificación o reclasificación de suelo.
En el caso de Costa Teguise, el Cabildo acordó iniciar la formulación de la iniciativa en septiembre de 2024, y el Ayuntamiento de Teguise dio su conformidad en junio de 2025. Este será el tercer plan de modernización para este núcleo turístico, tras el aprobado en 2015.
Para Playa Blanca, la iniciativa del Cabildo también se acordó en septiembre de 2024 y cuenta con la aprobación del Ayuntamiento de Yaiza, manifestada en febrero de 2025. Entre los objetivos de este plan se encuentran la mejora de la calidad y categoría de los establecimientos turísticos y equipamientos, la prevención de la residencialización en áreas turísticas y la optimización de la imagen del núcleo, sus servicios y dotaciones.
Es importante destacar que la aceptación de estas iniciativas no implica la aprobación definitiva de los planes. El contenido final estará sujeto a los informes y trámites posteriores que se desarrollen durante el procedimiento administrativo.
