La resolución municipal establece un plazo máximo de cuatro días para el abandono voluntario de los edificios, que venció el pasado viernes. En caso de no cumplirse, se procederá al desalojo administrativo y posterior precinto y tapiado de los inmuebles. La medida afecta a las antiguas escuelas y viviendas para maestros, bienes de titularidad municipal.
La decisión se basa en un informe de agosto de 2023 del arquitecto municipal, que alertaba del avanzado deterioro y la imposibilidad de garantizar la seguridad ante posibles desprendimientos o derrumbes. El técnico recomendó el desalojo inmediato, el precinto y la intervención de los Servicios Sociales.
Tras reactivar el expediente en abril de este año, informes de Infraestructuras ratificaron la necesidad de actuar. Un informe de la Policía Local del 11 de junio confirmó la ocupación de los inmuebles, identificando residentes en el número 9 y constatando presencia en los números 11 y 11-A.
Los Servicios Sociales han atendido a 10 personas, sin menores entre ellas, y han recomendado buscar alternativas habitacionales para los casos de emergencia social. Un último informe policial del 5 de julio constató la presencia de nueve personas en el lugar.
El Ayuntamiento argumenta que los ocupantes carecen de título jurídico para permanecer en los inmuebles. Una vez cumplido el plazo, se solicitará autorización judicial de entrada para recuperar la posesión y proceder al precinto y tapiado de los accesos para evitar nuevas ocupaciones.
