La iniciativa, que permanecerá abierta hasta el 4 de julio, pretende recoger las inquietudes y sugerencias de los ciudadanos antes de redactar el primer documento de planificación específico para este espacio natural. Las aportaciones se integrarán en el primer borrador del plan, según ha indicado Victor Delisau, director Insular de Desarrollo Técnico del Planeamiento y Paisaje del Cabildo.
El objetivo principal del PORN es blindar jurídicamente la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un proceso que se extenderá durante aproximadamente 17 meses hasta su aprobación definitiva. Este plan dotará al enclave de un instrumento específico de ordenación ambiental, detallando los límites de la reserva y justificando su delimitación actual, que ya está recogida en la legislación autonómica.
El documento definirá los usos permitidos y prohibidos dentro de la reserva, así como aquellos que requerirán regulación posterior a través del futuro Plan Rector de Uso y Gestión. Delisau señaló la necesidad de fundamentar la delimitación actual frente a la aprobada previamente por el Parlamento y consideró que la polémica sobre la Ley de Digitalización, que podría afectar la delimitación litoral, deberá ser tenida en cuenta.
“"El parque natural de Maspalomas debe ser protegido de forma mucho más severa; el verdadero problema del entorno no es la gente que lo disfruta, sino la falta de limpieza, de seguridad y de mantenimiento; el nivel de conservación debe aumentar drásticamente; debería de haber un espacio donde se explique la importancia de ese entorno natural y único; la conservación no debe implicar la exclusión de las personas ni restricciones desproporcionadas al acceso."
La Reserva, que abarca unas 404 hectáreas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, incluye el campo de dunas, la Charca de Maspalomas, el Palmeral del Oasis y el Parque Tony Gallardo. La convivencia entre conservación y uso público es un tema recurrente en las aportaciones ciudadanas, con voces que reclaman mayores restricciones y otras que priorizan la limpieza, la seguridad y la educación ambiental, defendiendo siempre el acceso ordenado.
Este nuevo PORN responde a una exigencia legal estatal y a la necesidad de reforzar la eficacia jurídica de la declaración de la reserva, dada la ausencia de un plan específico. La Consejería de Política Territorial y Paisaje considera prioritaria la elaboración de estos planes para espacios naturales declarados sin este instrumento.
En paralelo, se ha licitado por 562.538 euros el servicio de asistencia técnica de informadores ambientales para controlar el tránsito de visitantes en las zonas más frágiles. Estos profesionales guiarán a los usuarios por senderos autorizados para mitigar impactos como el pisoteo excesivo, la creación de caminos no controlados y prácticas incompatibles con la conservación, como el uso del campo dunar para fines no permitidos.
