La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, dirigida por Matilde Asián, ha cumplido con el plazo legal de remisión del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 al Parlamento, por cuarto año consecutivo. Las cuentas públicas, que ascienden a un total de 13.209 millones de euros, pondrán el foco principal en las políticas de índole social.
La elaboración de este presupuesto se ha visto marcada por la incertidumbre derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha provocado la desaparición de un 20% de las partidas inicialmente asignadas. Además, el retraso en la actualización de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) podría suponer una merma de 170 millones de euros mensuales. A nivel macroeconómico, la inestabilidad geopolítica y la crisis de los combustibles añaden complejidad.
El presupuesto se ha elaborado con cautela ante un marco de incertidumbre relevante. Ante la no aprobación de objetivos de estabilidad presupuestaria por el Congreso de los Diputados, se ha fijado un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB. La tasa de referencia para el crecimiento del gasto computable se sitúa en un 4% para 2027. Las previsiones del Gobierno de Canarias contemplan un crecimiento del PIB del 1,1% y una tasa de paro del 12,4%. La deuda prevista se sitúa en 6.727 millones de euros (9,73% del PIB).
Dos factores determinantes para el presupuesto de 2027 son la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que suponen una reducción de casi 500 millones de euros en créditos, y el incremento salarial del 4,5% (con una variable adicional del 0,5% según el IPC) para los empleados públicos, lo que representa otros 500 millones para la comunidad autónoma y eleva el gasto del capítulo I al 42% del presupuesto total.
A pesar de estas circunstancias, las áreas de Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda concentran casi el 83,3% del presupuesto (descontando el MRR), reforzándose los servicios públicos básicos con un incremento inicial de 970 millones de euros. Sanidad recibirá 429,8 millones más (9,1%), Educación 260 millones más (10,2%), Acción Social 201,5 millones más (24,4%), Justicia y Seguridad 41,9 millones más (15,2%), y Vivienda 37,1 millones más (22,8%).
En cuanto a la inversión por islas, Tenerife recibirá 261,7 millones de euros y Gran Canaria, 249,2 millones. Fuerteventura contará con 110,2 millones, La Palma con 102,6 millones, Lanzarote con 90,1 millones, La Gomera con 74,6 millones, El Hierro con 44,6 millones y La Graciosa con 1,9 millones.
Los ingresos se sustentan principalmente en el incremento de recursos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), los tributos propios y el bloque REF. Las transferencias corrientes aumentan también por fondos estatales de la Ley de dependencia y la subvención para la gratuidad del transporte público.
En materia fiscal, el Gobierno deflactará la tarifa autonómica del IRPF para adaptarla al IPC y proteger la renta disponible de los ciudadanos. Se amplía el tipo cero del IGIC a servicios de alojamiento y alimentación de colegios mayores y residencias de estudiantes. Se prorroga la tributación excepcional de combustibles y se regulan límites y tipos impositivos en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco para converger con la Península y la UE.
