Este nuevo plan busca poner fin a un vacío normativo que dejaba desprotegidas a muchas zonas de baño en municipios con menos de 20.000 habitantes. La iniciativa responde a una demanda de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y pretende dotar de financiación y regulación a estos ayuntamientos para garantizar un servicio esencial.
Canarias es la segunda comunidad autónoma con más muertes por ahogamiento en España, con 69 fallecimientos en 2025. Un 61% de estas muertes se consideran evitables, a menudo por no respetar señales de prealerta o banderas rojas. El plan incluirá un sistema de coordinación entre administraciones, campañas de sensibilización y un censo de zonas de baño.
La Consejería de Política Territorial impulsa esta medida tras la anulación en 2023 por el Tribunal Supremo del Decreto 116/2018, que regulaba las medidas de seguridad en playas. Dicho decreto obligaba a los municipios pequeños a contratar servicios de control y material sin la financiación adecuada, lo que llevó a su impugnación por parte de la Fecam.
El viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, ha anunciado que la elaboración del plan ya ha comenzado y se espera ponerlo en marcha "lo antes posible" a través de un decreto, que posteriormente se integrará en la Ley de Protección Civil de Canarias. Lorenzo, quien fue alcalde de Tijarafe y miembro de la Fecam, conoce de primera mano las dificultades legales y presupuestarias que enfrentaban los ayuntamientos.
El plan no solo aportará fondos específicos, sino que también establecerá un marco regulatorio claro y completo. Los ayuntamientos no tendrán que sufragar directamente el servicio, pero sí deberán cumplir requisitos como la actualización de planes de seguridad y el despliegue de señalética de advertencia, para lo cual recibirán ayuda y orientación.
En espera del plan definitivo, el Ejecutivo ya ha estado ofreciendo ayudas a los ayuntamientos pequeños. En 2025, se repartieron 1,5 millones de euros, beneficiando a 20 de los 45 consistorios a los que iba destinada la ayuda. Municipios como El Rosario y Yaiza recibieron las mayores partidas.
El Ayuntamiento de Arico ha sido uno de los más insistentes en reclamar una solución, recordando que la competencia para legislar y financiar el socorrismo recae en el Gobierno canario. Puntos como Playa Grande, Abades y El Porís, que reciben miles de visitantes, carecen actualmente de socorristas.
