A pesar de la tensión institucional, el Gobierno de Canarias ha asegurado que mantendrá la colaboración para la evacuación del crucero. Sin embargo, ha reprochado al Estado la ausencia de información con el "rigor y el formalismo" necesarios sobre una operación que impacta tanto en la seguridad sanitaria de la comunidad como en el personal del operativo.
“"Informes se han solicitado muchos y hemos tenido pocos."
El Gobierno canario ha insistido en la necesidad de informes técnicos que respalden las decisiones, en lugar de comunicaciones informales. Ha destacado que, a estas alturas de la evacuación, aún no se conoce el informe inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que justificó el traslado del barco desde Cabo Verde a Tenerife.
Además, se mantienen dudas sobre la decisión que llevó al fondeo del crucero sin garantías suficientes, especialmente tras confirmarse que dos pasajeros dieron positivo en sus países de origen sin haberse realizado pruebas PCR previas. También se cuestiona la infrautilización de la operativa aérea, que podría haber evacuado a todos los pasajeros el domingo.
El Gobierno de Canarias ha defendido que su postura no busca la confrontación política, sino exigir información y transparencia para evitar la desinformación. Ha lamentado que el Ejecutivo de España haya intentado presentar la posición canaria como un gesto de choque político.
“"Lo que hemos hecho es exigir información y transparencia para, precisamente, no dar alas a los bulos y a la desinformación."
Finalmente, se ha señalado que el Gobierno de Canarias tiene un "criterio propio" que, aunque pueda molestar al Gobierno de España, no implica una ruptura de las relaciones institucionales.
