La intervención, ejecutada por la Policía Local el pasado 10 de julio, responde a un expediente administrativo iniciado por las constantes quejas vecinales. Los residentes alertaron sobre la emisión de música y sesiones de karaoke que superaban los límites permitidos, además de la ocupación de la acera con mobiliario sin la debida autorización.
A pesar de los requerimientos previos, el negocio mantuvo su actividad. El consistorio había ordenado anteriormente el cese de los equipos de sonido y la retirada de mesas y sillas de la vía pública. Tras verificar que estas instrucciones fueron desatendidas, se dictó un decreto el 7 de julio de 2026 que culminó en la clausura definitiva del local.
Adicionalmente, durante la inspección se detectó la presencia de cámaras de videovigilancia que enfocaban hacia el exterior del recinto. El Ayuntamiento ha anunciado que trasladará estos hechos a la Agencia Española de Protección de Datos para que evalúe si la instalación vulnera la normativa vigente sobre privacidad en espacios públicos.
