La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha fallado en contra del recurso de apelación presentado por el Cabildo, confirmando que la DIA de uno de los cuatro proyectos del Circuito del Motor de Tenerife ha expirado. Este complejo, que prevé ocupar 650.000 metros cuadrados en Granadilla, cuenta con una inversión pública inicial de 51 millones de euros.
La decisión judicial da la razón a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que había denunciado la situación. La sentencia declara la nulidad del Proyecto de Explanaciones e Instalaciones para Graderíos Desmontables del Circuito, al concluir que las obras no se ejecutaron de manera real y efectiva dentro de los plazos legales establecidos.
La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada en 2011, con la condición de que caducaría si los trabajos no se iniciaban en un plazo de cinco años. Aunque el Cabildo de Tenerife argumentó que las obras comenzaron el 23 de agosto de 2016, la sentencia indica que, a pesar de un acta de replanteo, las actuaciones nunca se llevaron a cabo realmente.
No puede ser admisible que una DIA publicada en 2011 siga vigente doce años después por el simple hecho de que durante un corto periodo de tiempo se hayan realizado actuaciones en el terreno.
Este fallo judicial subraya la necesidad de una declaración ambiental actualizada, que se ajuste a las nuevas exigencias en materia de protección del medio ambiente. Este es solo uno de los cuatro procedimientos relacionados con el Circuito del Motor que se tramitan en el TSJC, incluyendo recursos de apelación tanto del Cabildo como de ATAN.
Los procedimientos pendientes de resolución en segunda instancia abordan el Proyecto modificado del acceso norte al Complejo Deportivo Centro Insular del Motor de Tenerife, el Proyecto de adaptación del Parque Internacional de Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas, y el Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife.
Desde ATAN, se reitera que la ejecución de este proyecto no solo causa un daño ambiental significativo, sino que también representa un desembolso millonario para las arcas públicas del Cabildo insular, en un contexto de grave crisis medioambiental en la isla.
