La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC emitió el pasado 20 de junio una resolución que restablece el derecho al realojo y a las ayudas al alquiler para las cinco familias afectadas por el desprendimiento ocurrido en el barrio de María Jiménez hace casi dieciocho años.
El incidente, que tuvo lugar la víspera de fin de año de 2008, provocó que una vivienda en la avenida Andrés Vidal, conocida como Africuya, quedara inhabitable. Aquel suceso obligó a cinco familias a iniciar un largo proceso judicial y administrativo que aún no había concluido.
“"Él habrá hecho lo que sea y lo condenaron a cárcel, pero con nosotros fue el único que nos ayudó."
Eva Castellano, una de las afectadas, recuerda la rápida actuación del entonces alcalde Miguel Zerolo, quien ordenó asegurar la ladera y aprobó ayudas excepcionales para el alquiler. Sin embargo, la continuidad de estas ayudas se cuestionó posteriormente por motivos legales, trasladando el conflicto a los tribunales.
La gestión de los realojos pasó a Viviendas Municipales en 2014, y la controversia se judicializó definitivamente. A pesar de una subvención directa concedida en 2021, esta estaba condicionada a la presentación de un proyecto de rehabilitación, requisito que generó un nuevo desencuentro.
La nueva sentencia del TSJC recuerda que las ayudas al alquiler estaban vinculadas a la situación de desalojo y a la rehabilitación del inmueble, circunstancias que la Sala considera vigentes mientras no exista una solución definitiva. Para la familia Felipe, este fallo supone recuperar una protección perdida y la esperanza de regresar a su hogar.
El concejal de Patrimonio, Javier Rivero, considera la sentencia un respaldo jurídico para mantener las ayudas, asegurando que el Ayuntamiento nunca ha dado la espalda a las familias y que se impulsarán las actuaciones administrativas necesarias.
Rivero confía en que la resolución ponga fin a casi dos décadas de enfrentamientos. Las familias afectadas esperan que esta vez sea diferente y poder volver a su casa, sintiéndose maltratadas por la Administración durante años.
