El Supremo ratifica penas de hasta 10 años a canarios implicados en un laboratorio de cocaína

La máxima instancia judicial confirma las condenas para dos individuos de las islas que coordinaban la mayor instalación de producción de cocaína en Europa.

Imagen genérica de justicia y ley con luces de emergencia borrosas.
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Imagen genérica de justicia y ley con luces de emergencia borrosas.

El Tribunal Supremo ha ratificado penas de hasta diez años de prisión para dos ciudadanos canarios que formaban parte de una organización dedicada al narcotráfico, la cual operaba el mayor laboratorio de pasta de cocaína de Europa desde Pontevedra.

La sentencia del alto tribunal confirma las condenas de nueve y diez años de cárcel para los dos implicados de las islas, a quienes se atribuye un papel fundamental en la supervisión y coordinación de la actividad ilícita. La operación, liderada desde el extranjero, tenía como objetivo transformar pasta base en clorhidrato de cocaína para su distribución.
La investigación, iniciada en octubre de 2022 en Las Palmas de Gran Canaria, siguió la pista a dos individuos con antecedentes por tráfico de drogas. Los agentes detectaron viajes frecuentes a la Península y a Colombia, utilizando ciudades como Miami, Londres o Santo Domingo como escalas de seguridad.
La trama internacional utilizaba un laboratorio clandestino ubicado en una vivienda aislada de Cerdedo-Cotobade, en Galicia, para procesar la droga que llegaba oculta en mercancía legal. Las pesquisas policiales revelaron una estructura compleja con individuos españoles recibiendo instrucciones de líderes colombianos y mexicanos, mientras que en España la dirección recaía en personas apodadas Botines, Corsario y Culebras.
Se adquirió una gran cantidad de precursores químicos, almacenados en Madrid y transportados a Pontevedra ocultos en palés. Uno de los condenados canarios, apodado Botines, recurrió la sentencia alegando ser un mero integrante sin capacidad decisoria, pero el tribunal lo consideró 'encargado' por su rol de supervisión y coordinación, lo que justifica la agravación de su pena.
La Sala de lo Penal del Supremo subraya que, si bien recibía órdenes de los líderes en México y Colombia, su función como encargado de la infraestructura en España, incluyendo la dotación de vehículos, naves y chalets a través de sociedades, fundamenta su condena. La sentencia es firme y no admite recurso.