La presidenta insular, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, han informado que la isla se acogerá a los fondos de la 'Declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil' del Gobierno central. Aunque el plazo para la evaluación fue breve, Ruano destacó que solo la red de carreteras sufrió daños valorados en 12,6 millones de euros, esperando una cofinanciación estatal del 50% para esta partida.
El medio natural también ha sido gravemente afectado, con perjuicios estimados en 5,1 millones de euros, incluyendo senderos, pistas forestales y el Parque Nacional del Teide. Se requieren aproximadamente 1,4 millones de euros para reparar pistas forestales y agrícolas, y 1,1 millones para restaurar la masa forestal dañada por las corrientes de agua, con el fin de prevenir deterioros mayores.
“"Lo que quiere decir es que lo más probable es que aunque nosotros tuviéramos la cantidad total bien definida, no va a ser el Estado el que cubra el 50% de esos gastos, normalmente habrá una aportación del Estado, pero que no podemos cuantificar todavía, pero que no llegará a ese porcentaje porque la financiación va a correr de cuenta de la propia administración insular."
El Cabildo actúa como intermediario entre la administración estatal y los municipios, que han reportado daños por 15,6 millones de euros en infraestructuras y equipamientos. Sin embargo, La Guancha y El Sauzal han declinado solicitar los fondos estatales. Otros municipios como San Miguel y Santiago del Teide aún no han enviado sus análisis de daños debido al corto plazo, y Puerto de la Cruz ha estimado los daños pero no ha facilitado la información contable, lo que podría incrementar la cifra total en los próximos días.
Entre los municipios con mayores solicitudes económicas se encuentran La Orotava (4,3 millones), La Victoria (1,5 millones), La Laguna (1,4 millones) y El Rosario (1,2 millones). Santa Cruz de Tenerife también reporta 1,2 millones, mientras que La Matanza estima 1.041.000 euros, Güímar 820.000 euros, Arico 690.000 euros y Santa Úrsula 560.000 euros.
Ruano explicó que la declaración de 'zona catastrófica' se rige por reales decretos de 2005 y 2007, que establecen qué obras de emergencia son cofinanciables por el Estado. No obstante, aclaró que ciertas reparaciones realizadas directamente por el personal del Cabildo no son elegibles para financiación estatal. La Delegación del Gobierno ha fijado el 27 de abril como fecha límite para cuantificar los daños con mayor precisión y formalizar la solicitud de aportación estatal.
