La Sala de Gobierno del TSJC argumenta que el aumento de la litigiosidad, la acumulación de casos pendientes y las recientes reformas legislativas hacen "ineludible" la ampliación estructural de la planta judicial para asegurar la tutela judicial efectiva. La petición se divide en 30 plazas para la provincia de Las Palmas y 23 para la de Santa Cruz de Tenerife.

En la provincia de Las Palmas, se solicitan refuerzos significativos para la Audiencia Provincial (tres plazas civiles y tres penales), la Sala de lo Social del TSJC (una plaza) y los tribunales de instancia. Se piden nueve plazas para el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, cuatro para Telde, tres para San Bartolomé de Tirajana, una para Arucas y otra para Santa María de Guía. Además, se incluyen tres plazas para Arrecife y dos para Puerto del Rosario.

Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la propuesta contempla 23 nuevas plazas. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife recibiría cuatro plazas en sus secciones civiles y una en la sección penal. La Sala de lo Social del TSJC en Santa Cruz obtendría dos plazas. En los tribunales de instancia, se solicitan seis plazas para Santa Cruz de Tenerife, dos para San Cristóbal de La Laguna, tres para Arona, y una para Güímar, Icod de los Vinos, Granadilla de Abona, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, respectivamente.

El informe subraya que muchas de estas plazas responden a una "sobrecarga estructural" y a una pendencia que "crece de forma constante". Otras se justifican por cambios normativos y la necesidad de especialización en áreas sensibles como la violencia sobre la mujer o la infancia. El documento utiliza términos como "colapso" y "estrangulamiento real de los tiempos de respuesta" para describir la situación de algunos órganos.

La Sala de Gobierno concluye que la ampliación propuesta representa el "umbral de ampliación estructural estrictamente necesario e irrenunciable" para gestionar la carga actual y la prevista con las reformas legislativas en vigor.