Durante una comparecencia oficial, el responsable del área de Fiestas del consistorio tinerfeño ha subrayado que, hasta la fecha, la entidad adjudicataria no ha entregado facturas ni pruebas que acrediten la realización de los trabajos contratados. Según ha señalado el edil, la administración local mantiene una postura firme de no abonar cantidad alguna hasta que se verifique la ejecución efectiva de los servicios pactados.

La polémica surge a raíz de un contrato menor suscrito el pasado mes de febrero para una campaña publicitaria vinculada a las festividades del Carnaval. Aunque desde la oposición se ha cuestionado la gestión y la naturaleza de los contenidos presentados como justificación, el equipo de gobierno insiste en que el proceso administrativo sigue su curso y que no se ha producido desembolso económico alguno.

El debate en el pleno municipal también ha abordado la idoneidad de los medios seleccionados para la difusión de la marca turística de la ciudad. Mientras algunos grupos políticos han criticado la elección de la plataforma, otros han defendido la libertad de comunicación y la necesidad de promocionar los eventos locales a través de diversos canales.