Esta acción legislativa surge tras décadas de conflictos administrativos y judiciales que han generado incertidumbre sobre la permanencia de miles de hogares. La normativa estatal, según colectivos afectados y grupos parlamentarios, no ha considerado las particularidades geográficas y culturales de las islas.

La propuesta, impulsada por el Partido Popular y el Partido Socialista, busca corregir los efectos de una ley calificada de "injusta" por no adaptarse a la realidad social de un territorio donde la costa es fundamental para su identidad. Una diputada popular destacó el sufrimiento de las familias que han dedicado años a defender sus hogares, señalando que la ley actual "dibuja líneas sin criterio" que provocan una profunda inseguridad jurídica.

Aunque el PSOE apoyó la medida, un diputado socialista enfatizó la necesidad de que el Gobierno de Canarias desarrolle sus propias competencias a través de una ley autonómica, además de la reforma estatal. Recordó que la solución requiere la ejecución de las herramientas que ya permite el Estatuto de Autonomía.

La resolución final del Parlamento no solo insta al Congreso de los Diputados, sino que también establece una hoja de ruta para la autogestión del litoral. Con el respaldo de Nueva Canarias y el resto de fuerzas de la Cámara, se acordó instar al Estado a reconocer la singularidad volcánica y social de Canarias en la ley, exigir el traspaso completo de competencias en materia de Costas e impulsar una Ley Canaria de Costas para dar estabilidad a los asentamientos históricos.

A pesar del amplio consenso, la unanimidad se rompió en el punto relativo a la creación de una ley autonómica, donde un partido político votó en contra. El debate estuvo marcado por el recuerdo de demoliciones pasadas, como las ocurridas en la playa de Cho Vito, en Candelaria. Con esta acción, las islas envían un mensaje claro: la supervivencia de los núcleos costeros tradicionales es una prioridad que requiere un marco legal moderno y respetuoso con el arraigo de los habitantes al mar.