Esta situación, lejos de ser una cuestión ideológica, es una realidad que otras islas del archipiélago ya han abordado con diversos modelos de gestión. En Tenerife, el Cabildo cuenta con más de veinte zonas de acampada habilitadas que requieren autorización previa y límites de estancia. En Gran Canaria, áreas como Presa de las Niñas o Corral de los Juncos tienen espacios delimitados y normas específicas que prohíben acampar fuera de ellos. Por su parte, Lanzarote mantiene un modelo más restrictivo, con limitaciones de acceso en zonas como Papagayo y restricciones a la pernocta libre.

En contraste, ciertas áreas de Fuerteventura han experimentado un aumento significativo de caravanas, estructuras provisionales y ocupaciones irregulares en suelo rústico. Este fenómeno ya no se limita a enclaves específicos ni a momentos puntuales del año, sino que se ha vuelto una presencia continuada de vehículos vivienda y asentamientos informales, lo que sugiere un proceso cada vez más estructural.

Esta permanencia intensifica los desafíos en la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental y la gestión pública. Entre los principales impactos detectados se encuentran la degradación del suelo y la vegetación en ecosistemas frágiles, la proliferación de pistas no autorizadas, la acumulación de residuos y vertidos sin control, y una alteración del paisaje en enclaves de alto valor natural, además del efecto sobre la fauna en áreas sensibles.

Más allá del ámbito ambiental, la concentración prolongada de vehículos vivienda en espacios reducidos genera tensiones en el uso del espacio público, manifestándose en ruido, ocupación continua de zonas costeras y conflictos entre residentes, turistas y visitantes ocasionales, contribuyendo a una creciente sensación de saturación.

Expertos en ordenación territorial coinciden en que la regulación de esta actividad no implica su prohibición, sino su integración dentro de un modelo sostenible. La habilitación de zonas específicas, el establecimiento de límites temporales y el refuerzo de la vigilancia son medidas aplicadas en otros territorios. Sin embargo, un elemento determinante es cómo se construye esa regulación, ya que ordenar no es solo legislar, sino también generar legitimidad social.

En un territorio como Fuerteventura, donde el uso del espacio natural forma parte de la vida cotidiana y del atractivo turístico, cualquier norma percibida como impuesta corre el riesgo de generar rechazo e incumplimiento. Por ello, la regulación de la acampada no puede abordarse únicamente desde los despachos. La experiencia demuestra que las medidas funcionan mejor cuando la ciudadanía participa en el proceso, abriendo espacios de participación real que incluyan a residentes, usuarios de caravanas, colectivos ecologistas, sector turístico y administraciones.

Participar no significa retrasar decisiones, sino hacerlas más sólidas, permitiendo identificar usos reales del territorio, detectar zonas sensibles o aptas para la actividad, y anticipar conflictos. Esto genera corresponsabilidad, aumentando el cumplimiento de las normas. Avanzar hacia un modelo ordenado implica incorporar herramientas de participación como consultas públicas, mesas de trabajo diversas y proyectos piloto, buscando un marco claro, compartido y adaptable.

El caso de El Cotillo refleja un desafío más amplio: cómo compatibilizar el atractivo turístico con la conservación del entorno y la calidad de vida de la población local, abriendo una oportunidad para abordar la situación de una manera diferente.